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Autor Pregunta / Comentario / Opinión

Paula Gouffray

18. junio 2015 13:40:51

Dar una opinión positiva o negativa de la actuación de la Superintendencia, es una tarea casi que imposible, no ha mostrado una visibilidad institucional que permita saber de su existencia, si bien desde la Constitución del 91 se establece su creación, en los últimos años no se encuentran acciones que favorezcan la prestación del servicio, excepto una defensa institucional a favor de las Empresas de servicios públicos.
Es evidente por parte de las empresas de energía eléctrica, agreden a los usuarios ingresando a sus viviendas sin el cumplimiento de una orden expresa, buscando fraudes; entiendo que a partir del medidor es una instalación interna de propiedad exclusiva del usuario en donde sería imposible encontrar una derivación fraudulenta, lo que solo es posible en la acometida. En este caso concreto, no solo se estaría vulnerando la dignidad humana del usuario sino su derecho a la intimidad ya que le toman fotos con la nevera abierta y hasta el gato.
La superintendencia esta legalizando la ineficiencia de éstas empresas al aceptar la como legal un cobro de cinco periodos, cuando el medidor ha perdido el exámen que le hace la misma empresa actuando como juez y parte, sin la debida cadena de custodia y que además en el primer periodo de facturación las empresas han debido detectar la desviación de consumos al hacer la respectiva crítica e iniciar la respectiva investigación de desviación significativa. En equidad, debería establecerse como medida para dicho cobro, el promedio del estrato o el promedio por municipio y por el solo periodo.
En el caso del Aseo en Bogotá, tuve la impresión que habían acabado con la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y a nadie le dijeron, hizo falta un mayor protagonismo por parte de ésta entidad, que defendiera el derecho que tenemos los usuarios a que existan otras empresas que ofrezcan servicios domiciliarios, lo que podría garantizar mejor servicio y menores costos, al no tener que pagar el usuario ineficiencias administrativas y la voracidad sindical de las convenciones colectivas; mientras la mayoría de usuarios no tenemos ni siquiera un salario mínimo, a los gerentes de las empresas debemos pagarles chofer y escoltas. (se pueden imaginar un acueducto rural con estos costos). No por ser grande una empresa, se obtienen economías de escala).
Considero necesaria la reversión a favor de los municipios de los activos que han construido las empresas con los dineros recaudados por las empresas de servicios públicos domiciliarios establecidos en las fórmulas tarifarias y la reglamentación de las concesiones establecidas en la Ley 143 de 1994.
En otra oportunidad continuaremos....

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