Publicado por la revista CAMBIO, 26 de julio de 2024
Por: Angélica M. Gómez
Periodista de económia
Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios públicos, explica en entrevista para CAMBIO por qué quiere fortalecer su capacidad de vigilancia y control en el sector, establecer mínimos vitales y poder sancionar por montos de dinero más altos.
Hace 30 años, en 1994, tres nuevas entidades públicas entraron en funcionamiento: la Comisión Reguladora de Agua (CRA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos. Ahora, tanto el sector privado como el Gobierno plantean una actualización a la ley que les dio vida, pero con diferencias. Dagoberto Quiroga, superintendente del sector, explica lo que quiere el Gobierno de Gustavo Petro.
Quiroga asegura que no lo quieren reformar todo, pero que sí es necesario que la entidad tenga más poderes sancionatorios y de vigilancia. Además, en 30 años todos los servicios públicos han cambiado y su regulación necesita actualizaciones.
CAMBIO: Empecemos por los 30 años de la superintendencia. El aniversario se cumple con el planteamiento de una reforma al sector. ¿Qué es lo que se tiene que actualizar tras tres décadas?
Dagoberto Quiroga: La Ley 142 fue expedida en desarrollo de la Constitución de 1991. Antes de eso, los servicios públicos eran prestados por el Estado y se hablaba de que era ineficiente y no prestaba bien los servicios, que había corrupción, entonces esa constitución abre el espacio para que el sector privado entre a la prestación de servicios públicos. La Ley 142 más o menos reglamenta cómo debe ser la participación de los privados en la prestación de los servicios públicos. También faculta a las comunidades organizadas y el Estado sigue prestando servicios. No se excluye a nadie.
Ese ingreso del sector privado crea las comisiones de regulación. Inicialmente, el papel del sector privado fue muy importante, hubo mucho desarrollo, especialmente en el sector de energía y de agua. Pero en nuestra labor de vigilancia tenemos muchos líos con la regulación, con las altas tarifas de servicios públicos y con algunas jugaditas de los empresarios en contra de los usuarios.
CAMBIO: ¿Cuáles serán los grandes cambios para la Superintendencia?
DQ: La debilidad de la Superintendencia es que solo tiene sede en siete regiones. La entidad fue más estructurada para ser una oficina de quejas y reclamos solo en siete capitales, para nosotros es muy difícil ejercer un eficiente control y vigilancia si no tenemos personal en muchas regiones y la participación ciudadana en la vigilancia es poca. También estamos tratando de fortalecer un poco la Superintendencia. Consideramos que las quejas y los reclamos no es su papel y la entretienen cuando hay causas estructurales. ¿Qué saco con recibir mil quejas diarias en el Caribe por el precio alto de la energía si eso no lo puedo resolver?
Hay quejas de que violaron el debido proceso, cambiaron el medidor y no se puso el que era. No consultaron. Eso lo podemos arreglar con diálogo. También hemos cambiado el relacionamiento con la empresa y en lugar de abrir un proceso por cada queja. Juntamos varias por las mismas causas y tratamos de resolver atendiendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
CAMBIO: ¿La reforma incluiría que la Superintendencia pueda sancionar por montos más altos?
DQ: También, porque las multas de acá son muy bajas. El empresario, los monopolios, los grupos, prefieren pagar la multa que arreglar el problema porque, por ejemplo, la multa vale mil millones de pesos, y las causas de esa multa les producen a ellos diez mil millones de pesos.
En el caso, por ejemplo, de la reutilización de los residuos, los recicladores venden a los procesadores y ellos reportan las toneladas que se le cobran al usuario y la Superintendencia le pone el visto bueno. Encontramos que se estaban reportando muchas más toneladas de lo que realmente se producía.
Yopal es un ejemplo concreto. Ellos reportaban seiscientas toneladas anuales, pero después de nuestra visita siguieron reportando diez toneladas. Eso pasaba en muchas regiones. Entonces aquí, desafortunadamente, por la falta de control eficiente del Estado, los prestadores cometen abusos en las tarifas.
CAMBIO: ¿Es necesaria una ley para todos estos cambios o algunos pueden hacerse con ajustes regulatorios?
DQ: La reforma a la ley no va a reformar todo. Los modelos de prestación de servicio, las nuevas tecnologías, las nuevas energías, la transición de energía, etc. hacen que necesitemos algunas adecuaciones normativas e incluso que también se permita la implementación de nuevas tecnologías en aseo.
CAMBIO: ¿Por qué incluir dentro del proyecto de reforma los mínimos vitales si esto se podría organizar con resoluciones y establecer una partida del presupuesto nacional?
DQ: La Constitución habla de que a todos los colombianos el Estado social de derecho debe garantizarles la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos sin discriminación, pero también establece una protección especial para aquellas personas que por su estado de debilidad manifiesta económica, provenientes. de salud, etcétera. Como los servicios públicos son esenciales, el agua, por ejemplo, es vital, el Estado tiene que garantizarlos.
Esto es diferente al subsidio, que se da como complemento porque los ingresos que reciben son muy mínimos. Aquí es un mínimo vital, que cuando las personas se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, entonces el Estado debe asumir ese mínimo vital aunque no sean muchas personas.
