Los generadores tienen una injerencia desmedida en la formación de los precios: son apenas 4 agentes los que establecen el precio marginal.
Cualquier colombiano en cualquier parte del país habrá notado que el recibo de la luz cada mes le llega más caro. De hecho, en los últimos 3 años, a nivel nacional, el precio por kilovatio de energía ha aumentado en promedio 43%. En la costa Caribe, el alza ha sido más pronunciada porque los usuarios deben asumir parte de las pérdidas que dejó Electricaribe. El alto costo de los precios de la energía afecta más al bolsillo en regiones cálidas, pues se consume más en refrigeración. Para cientos de miles de familias colombianas el aumento es tan alto que su bienestar se ha visto seriamente afectado.
El alto valor de las tarifas es una situación de la mayor gravedad porque los consumidores no pueden suprimir su uso o remplazarlo por otro producto. La energía es indispensable para llevar una vida digna y, por eso, de acuerdo a nuestra Constitución es un fin esencial del Estado (Art. 365). Aunque nuestro Modelo de servicios públicos se apoya ampliamente en la empresa privada, la Constitución, artículo 334, determina que son un área de la economía en la que el Estado intervendrá para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, señala que le corresponde al Presidente formular las políticas generales de administración y control de eficiencia (Art. 370).
Por eso reducir las tarifas de energía ha sido una prioridad del presidente, Gustavo Petro, desde el primer día. El año pasado ensayamos el pacto por la justicia tarifaria, en febrero de 2023, el presidente intentó recuperar sus facultades regulatorias y, en junio, MinMinas expidió el decreto 0929 para promover la eficiencia y la competitividad del servicio domiciliario de energía eléctrica, decreto que aún no ha sido aplicado por la Creg.
Ante la insistencia del Gobierno por disminuir las tarifas, las generadoras y otros actores del gremio han advertido que los precios resultan de la aplicación de una fórmula que refleja fielmente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización. Sin embargo, la realidad es que los altos precios de la energía, en una gran proporción, son resultado de que en Colombia la regulación no corrige la ineficiencia que la falta de competencia genera, particularmente en la generación de energía; lo anterior, sin decir que no hay oportunidad de mejora en los otros costos.
La intervención del Estado se hace más importante en un contexto como el colombiano en el cual la matriz energética está compuesta en 78% por generación hídrica. El mercado de la generación tiene una configuración Oligopólica. Los generadores tienen una injerencia desmedida en la formación de los precios, en la medida en que la mayoría de las veces son apenas 4 agentes los que establecen el precio marginal.
Veamos: el agua es la materia prima para la generación del 78% de la energía que consumimos. Este insumo no depende de factores externos como los precios internacionales del petróleo, sino de la cantidad de lluvia que cae sobre los embalses. Mientras que la Superservicios puede auditar con precisión los gastos en los que incurren las generadoras térmicas, en el caso de las hidroeléctricas no es tan transparente el precio que le asignan al agua.
Por eso es difícil entender por qué, con frecuencia, en plena temporada de lluvias y con los embalses a tope, el precio de la energía en vez de bajar sube. La explicación recurrente es que aumentan para no despachar energía y así ahorrar para la temporada seca. Pero hemos tenido casos de embalses que abren los vertederos para disminuir el nivel al tiempo que ofrecen la energía por encima del promedio, lo que indica que el precio no está determinado por la escasez de agua.
Al final de cuentas, la mayoría del tiempo, sin importar el precio que le asignen al agua, las generadoras terminan despachando y al precio más alto, pues su energía es indispensable para satisfacer la demanda. El argumento de subir el precio para ahorrar agua parece ser una excusa que justifica estos comportamientos.
En teoría quienes tienen mucha agua ofertan a menor precio y quienes tienen poca ofertan a uno más alto, pues quieren ahorrar. Pero el precio final, conocido como el marginador, lo acaba determinando en muchos casos la hidroeléctrica que pone en el mercado los kilovatios restantes para completar la oferta que satisface la demanda diaria. El marginador siempre es el precio más alto.
Que este precio esté con frecuencia encima del de las térmicas que generan energía con gas y carbón es evidencia clara de que hay una distorsión en el mercado mayorista que debe ser corregida. Hay un juego indeseado, ofertan precios altos con el argumento de que van a ahorrar agua en su embalse, pero saben que de todas maneras la utilizarán, y les pagarán esos precios altos porque son necesarios para atender la demanda. Todo esto amparado en una regulación que lo facilita desde 1995.
Una alternativa para evitar las fluctuaciones cotidianas en el precio de energía sería la suscripción de más contratos de venta a largo plazo. En esta modalidad, generadoras y comercializadoras pactan una cantidad de energía a un precio por kilovatio que se mantiene estable durante el plazo del contrato. Sin embargo, hemos advertido una disminución en la firma de contratos de largo plazo. En el último año ha sido común que no se presenten ofertas a las convocatorias que abren las comercializadoras de energía. Pareciera que hay un incentivo para vender en bolsa y no en contratos. Y de nuevo, el hecho de que haya pocos agentes generadores deja a las comercializadoras, y en últimas a los usuarios, con las manos atadas.
Otro punto que las generadoras de energía podrían estar utilizando a su favor para aumentar discrecionalmente el valor de la energía tiene que ver con los riesgos. Hace unas líneas indicamos que la posibilidad de una sequía es un riesgo que impacta los precios al alza. Pero también han incluido en su matriz de riesgos variables que no tienen una clara relación. Ante esta situación y por insistencia de la Superservicios, la Creg ha aprobado recientemente una propuesta regulatoria que se va a discutir con los agentes.
El aumento desbordado de las tarifas de energía es un problema que requiere de soluciones urgentes. El Gobierno del presidente Petro ha formulado propuestas regulatorias para mejorar la eficiencia del mercado. Cuando un servicio público esencial es provisto por unos cuantos agentes es indispensable una regulación vigorosa y centrada especialmente en los intereses de los usuarios, dejando claro que en ningún momento se afectará la suficiencia financiera de las empresas. Desafortunadamente hasta el momento, la Comisión de Regulación de Energía y Gas no ha actuado con la celeridad que la situación amerita. Las herramientas para corregir esta situación están sobre la mesa. Es hora de actuar.
DAGOBERTO QUIROGA
Superintendente de Servicio Públicos
