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Así mismo, en las próximas semanas pondremos a consideración del presidente de la República y la CRA resoluciones que contribuyan a tapar los vacíos normativos que propician esta situación.
La política de fomento a la actividad de aprovechamiento de residuos y formalización de los recicladores de oficio, contenida en el Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, no cumplió plenamente con sus objetivos. Pasados siete años de su expedición, los avances son precarios en materia de formalización y fortalecimiento organizacional de los recicladores y en la promoción de unas prácticas de aprovechamiento eficientes, productivas y ambientalmente sostenibles. Lo que sí ha crecido es la cantidad de material reportado en el sistema único de información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos y la plata que los usuarios están pagando por aprovechamiento.
Esta política fue pensada para empoderar y dignificar el trabajo de los recicladores de oficio, reconocidos por la Corte Constitucional cómo sujetos especiales de protección. La idea inicial fue fomentar organizaciones de recicladores, encargadas de recoger y transportar el material aprovechable y de pesarlo y comercializarlo en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). En teoría, la ECA sería administrada por la organización, la cual, previo registro en la Superservicios, se encargaría de reportar en el SUI las toneladas de material aprovechable recogidas.
Una vez publicada esta información, la empresa de aseo responsable de la facturación transferiría a los recicladores el pago por el servicio de aprovechamiento. Las organizaciones también debían ejecutar de programas de capacitación empresarial, elevar el nivel de vida de los recicladores y garantizar su acceso a seguridad social. Todo esto en el marco de las políticas de protección y de acciones afirmativas ordenadas por la Corte Constitucional.
Sin embargo, con la nueva normatividad no prosperaron las ECA administradas por recicladores de oficio, sino bodegas tradicionales de compra y venta de chatarra que aprovecharon la oferta institucional para ocupar este lugar, sin cumplir con los requisitos y sin contar con la base social. Así, muchas asociaciones de papel se están quedando con el dinero del servicio de aprovechamiento. Lo más grave, se están inflando los reportes de material aprovechable para defraudar a los usuarios, mientras explotan a los recicladores de oficio. Las cifras de Bogotá demuestran con claridad la dimensión del problema.
La ciudad produce alrededor de 3 millones de toneladas por año. De acuerdo con una estimación optimista, podría estar aprovechando el 16 por ciento de este material, 480 mil toneladas. Sin embargo, según los registros del SUI, de los 489 kilógramos de residuos per cápita que dejan los bogotanos se aprovechan 203, equivalentes al 42 por ciento. De ser cierto esté dato, el relleno sanitario de doña Juana estaría recibiendo anualmente menos de los 2.2 millones de toneladas que recibió en 2021. Para destacar la magnitud de la inconsistencia, Dinamarca, líder mundial en la materia, aprovecha el 44 por ciento de la basura, dos puntos más que Bogotá.
La renta del aprovechamiento fue capturada por bodegas de chatarra que se han valido de la vulnerabilidad de los recicladores y de una política de vigilancia y control débil. Cobijados por la libertad de asociación, un mismo reciclador es afiliado a varias asociaciones y el material que recolecta es reportado más de una vez. Actualmente, existe un vacío normativo que impide verificar esto, pues la información se registra por asociación y no por individuo. Para rematar, no les pagan a los recicladores lo que les corresponde por su trabajo, mucho menos los capacitan y garantizan su seguridad social. En 2020, apenas el 6 por ciento de esta población estaba afiliada al régimen contributivo en salud y el 3 por ciento a pensiones.
A raíz de estas inconsistencias, desde el año 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos se vio obligada a aplazar la publicación de las toneladas reportadas por 609 prestadores. La cantidad de toneladas aplazadas también es diciente del tamaño de la inconsistencia. Entre octubre de 2020 y febrero de 2023 fueron aplazadas 1.4 millones por año. Si se suman a las que no fueron aplazadas, nos da que en los últimos 2 años y 2 meses en Bogotá se produjeron 7.3 millones de toneladas de material aprovechable, cifra que no se sustenta ni en la lógica, ni en la estadística, pues por su tamaño, ingreso per cápita y hábitos de consumo, la ciudad solo tiene la capacidad de producir un poco más 480 mil toneladas de residuos aprovechables.
Una mirada a la capacidad de los recicladores de oficio también evidencia que algo anda mal con la política de aprovechamiento. De ser ciertos los 7.3 millones de toneladas reportadas en el SUI, cada uno de los aproximadamente 21.000 recicladores que hay en la ciudad estaría recogiendo media tonelada diaria, algo que resulta imposible considerando que, de acuerdo a la caracterización que la alcaldía hizo de esta población en 2020, apenas el 3 por ciento recoge material a diario, mientras que el 31 por ciento lo hace menos de 4 días a la semana. Encima, apenas el 9 por ciento usa vehículos motorizados. Las cuentas no dan.
Estas cifras evidencian lo que puede ser un fraude monumental. Los pagos represados suman $ 394.000 millones de pesos. La Superintendencia no va a publicar los reportes para que se realicen estos pagos, a menos que los prestadores demuestren la veracidad de las cifras. Creemos que pocos podrán hacerlo. Para ponerle fin a esta práctica estamos adelantando una política de inspección más proactiva para verificar la capacidad real de almacenamiento de las ECA, los recorridos y el material recogido por los recicladores y quien lo está comprando. Para esto último, estamos coordinando con la Dian mecanismos de intercambio de información. También realizaremos todas las denuncias penales a las que haya lugar, pues estas conductas podrían ser delictivas.
Así mismo, en las próximas semanas pondremos a consideración del presidente de la República y la CRA resoluciones que contribuyan a tapar los vacíos normativos que propician esta situación. Por último, en la reforma a la ley de servicios públicos, así como en la Política de Basura Cero, vamos a introducir un marco institucional que les devuelva a los recicladores de oficio el servicio de aprovechamiento y, sobre todo, respete su dignidad.
DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
