Publicado por EL TIEMPO, 6 de agosto de 2024
Por: Dagoberto Quiroga Collazos
Columna de Opinión
Los tiempos para expedir una regulación conspiran contra la toma de decisiones oportunas.
La pregunta reiterada es por qué no bajan las tarifas de energía. La pregunta es pertinente pues nuestra institucionalidad reconoce que la energía es un bien público esencial para la calidad de vida. La Constitución considera que los servicios públicos son fines esenciales del Estado, concretan el principio de solidaridad social y son un instrumento para promover la igualdad.
De ahí que determine que el régimen tarifario debe considerar criterios de solidaridad y redistribución. Además, ordena la intervención del Estado para garantizar calidad, eficiencia, evitar abusos de posición dominante y encarga al Presidente el control de los servicios públicos.
La experiencia reciente, sin embargo, nos lleva a pensar que el Estado no tiene suficientes herramientas para hacer cumplir la Constitución. Es poco lo que se ha podido lograr para conjurar la crisis desatada por las altas tarifas de energía, pues el poder parece estar en otro parte.
Las causas de los altos precios son conocidas. No resultan del equilibrio entre la oferta y demanda. Son consecuencia de decisiones regulatorias que podrían corregirse con decisiones expeditas. No obstante, la institucionalidad y la política detrás de las tarifas han impedido que avancemos.
Hay soluciones. Los precios se dispararon por el índice de los precios al productor que resultó de la pandemia. Este es el indexador de referencia para el ajuste tarifario, a pesar de que poco tiene que ver con los insumos para producir energía. No se ha podido cambiar porque la regulación, para proteger la inversión, no permite revisar el marco tarifario antes de que se cumplan 5 años.
"La política regulatoria también debe ofrecer respuestas oportunas a situaciones críticas, como lo son el aumento desmedido de las tarifas. La energía no es una mercancía, sino derechos ciudadanos."
Sabemos que la formación de los precios de energía en bolsa no es transparente. Depende del valor que las generadoras le atribuyen al agua y los riesgos que perciben. Por eso, en el último trimestre de 2023 superó los mil pesos por kilovatio, a pesar del alto nivel de los embalses. Esto se podría evitar con una regulación que revele los costos de producción y que introduzca la variable de riesgo sistémico en vez del percibido por cada agente.
También es claro que muchas comercializadoras no consiguen contratos de compra de energía que garanticen precios estables. Por tanto, deben negociar a diario en bolsa una parte de la energía que venden. Necesitamos una regulación que flexibilice las condiciones de las generadoras para vender energía por contrato. Con esto se reduce la exposición a bolsa de muchas comercializadoras. Sin embargo, las normas vigentes protegen a los generadores de eventuales incumplimientos, en detrimento del interés del usuario a precios eficientes.
Estas medidas no se han concretado porque la institucionalidad protege el statu quo. A la decisión del Presidente de recuperar sus funciones regulatorias, el Consejo de Estado le salió al paso con una medida cautelar, bajo el argumento de que el constituyente les consagró estas competencias a otras entidades. Lo cierto es que las comisiones resultan de la ley 142 de 1994.
Algunos dirán que el Presidente es responsable porque no ha nombrado comisionados. La dificultad para nombrarlos se debe a que los requisitos para ocupar el cargo se hicieron a la medida de las empresas. Para ser parte de la Creg basta con haber trabajado 6 años en un cargo de responsabilidad en una empresa del sector. Sin embargo, Omar Prias, con una trayectoria académica de más de 20 años, no reúne las condiciones. No sorprende que los intereses de las empresas estén representados, mientras que los de los usuarios están ausentes.
Los tiempos para expedir una regulación conspiran contra la toma de decisiones oportunas. El borrador de un cambio en las bases del marco tarifario requiere un año de consulta. Luego, el documento modificado debe consultarse otros tres meses.
Por supuesto, un marco regulatorio estable es fundamental para atraer la inversión y los cambios deben consultarse. Sin embargo, la política regulatoria también debe ofrecer respuestas oportunas a situaciones críticas, como lo son el aumento desmedido de las tarifas. La energía no es una mercancía, sino derechos ciudadanos. La regulación, sus trámites y procesos también deben pensarse para proteger a los usuarios. Necesitamos nivelar la cancha de acuerdo al espíritu de la Constitución.
