Publicado por El TIEMPO, 22 de julio de 2024
LINA QUIROGA RUBIO
Periodista económica
Actualmente, este servicio es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
El pasado 11 de julio se cumplieron 30 años de la entrada en vigencia de la ley de servicios públicos de Colombia, y en medio de esta conmemoración, el Gobierno Nacional se prepara para reformarla.
Según comentó el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, se busca nivelar la balanza para que la regulación también beneficie a los usuarios y no solo al negocio de las empresas.
Uno de los artículos que llevará esta reforma busca que el internet de los hogares sea considerado como un servicio público domiciliario, y por lo tanto, entre a ser vigilado por la Superintendencia, como pasa actualmente con los servicios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo.
¿Cuál es el balance que hace de los 30 años de implementación de la ley de servicios públicos?
La Ley 142 de 1994 le abre las puertas al sector privado para que entre a prestar los servicios públicos, pero el Estado sigue conservando la vigilancia y la facultad de intervenir a las empresas.
Con la participación del sector privado considero que hubo un avance en energía eléctrica y agua potable, pero con el tiempo vemos que el servicio público se ha visto más como un negocio.
¿Qué tanto va a cambiar esta ley con la reforma que presentará el Gobierno?
Aparentemente, la ley ha funcionado muy bien para algunos sectores, porque donde no es rentable la prestación de un servicio público no entra el sector privado, y el Estado también es deficiente en la prestación y en la vigilancia.
Un problema que estamos afrontando ahora son las tarifas. Hemos considerado que la regulación, la vigilancia y el control han estado cooptados por los monopolios. Los servicios públicos, en manos del sector privado, se fueron concentrando en pocas empresas y también se empezó a concentrar la regulación.
Entonces, la regulación ya no se hacía pensando en el servicio público, sino pensando en el negocio, y se olvidó que el objetivo fundamental de los servicios públicos es más el bienestar de los ciudadanos.
Obviamente no se desconoce que nadie presta un servicio gratis y que el sector privado ha hecho un gran aporte a la Nación. Todavía creemos que el sector privado puede seguir contribuyendo, junto con el Estado, a solucionar los problemas de los servicios públicos de todos los colombianos, no solo de los que están en las ciudades donde la prestación es rentable.
En 30 años, la ley ha funcionado. Creo que el Gobierno no tiene la intención de cambiar todo totalmente, pero sí algunos aspectos que hay que adecuar. Por ejemplo, el territorio debe ordenarse alrededor del agua y no alrededor del cemento, el ladrillo y la urbanización.
¿Qué cambios incluirá la reforma a la ley de servicios públicos para la Superintendencia?
Estamos cambiando el modelo de la vigilancia, porque con quejas y reclamos no se resuelven los problemas. A la Superintendencia hay que fortalecerla porque solo tiene presencia en siete ciudades capitales.
Nos queda muy complicado hacer una mejor vigilancia y control sobre los servicios públicos si no tenemos la capacidad administrativa ni operativa para hacerlo.
El objetivo de la Superintendencia no es sancionar, es ayudar a evitar que se cause el problema, pero si hay malas prácticas e ineficiencia se impondrán sanciones.
El Estado ha sido ineficiente en el control, a veces se maneja con muchos criterios políticos, con intereses económicos, y por eso vemos que la corrupción persiste.
¿Qué ajustes se van a incluir en la reforma para bajar las tarifas de energía?
Para mí el sistema de regulación hay que cambiarlo. Por ejemplo, hay que facilitar que las comunidades puedan participar en la autogestión de los servicios públicos, y también facilitar la introducción de tecnologías.
¿No es mejor tener una Creg operativa que pueda hacer los ajustes regulatorios necesarios?
En mi criterio, las comisiones reguladoras han estado cooptadas, especialmente en energía, por los monopolios prestadores del servicio. La regulación también debe ser pensando en el usuario, y no solo en el negocio.
Además, hoy en día es muy difícil que una persona llegue a ser comisionado si no ha trabajado en una empresa privada y en un cargo de responsabilidad.
En el caso de las tarifas de energía, les hemos dicho a los empresarios que queremos que haya un equilibrio entre la alta rentabilidad que están obteniendo algunos monopolios en la prestación de los servicios y la tarifa que pagan los usuarios.
No todo tiene que irse para las ganancias de unos pocos, sino que al usuario también se le tiene que dar algún beneficio. Esto es una regulación equilibrada y justa, y nos podría permitir tener una tarifa justa, que es lo que estamos buscando.
¿Cómo avanza el proceso para nombrar a los comisionados de la Creg?
Estamos buscando, porque el Consejo de Estado ha tumbado a los comisionados que se han nombrado. Han sido personas que tienen experiencia, pero no han trabajado en el sector privado.
Vamos a cambiar esos requisitos, hay que buscar equivalencia, proporcionalidad y razonabilidad. Ese requisito parece que fuera adrede para que solo los empresarios pudieran regular sus mismos servicios.
¿En los Gobiernos anteriores eso no fue un problema, por qué para ustedes sí lo es?
Porque ellos regulaban el negocio y el mercado, y ahora nosotros queremos que se tenga en cuenta al usuario en la regulación. El presidente Gustavo Petro ya ha dado unas líneas gruesas de cómo regular los servicios públicos para favorecer a los usuarios.
Hacer una regulación en la Creg dura dos años, son unos procedimientos muy demorados. Por eso el presidente Petro decidió asumir esas funciones, para tomar medidas drásticas frente a las altas tarifas en la Costa Caribe, pero no se pudo.
¿Qué otros cambios se incluirán en la reforma a la ley de servicios públicos?
El presidente Petro ha planteado la posibilidad de que el internet que llega a los hogares sea incluido como un servicio público domiciliario, y que sea vigilado por la Superintendencia.
Eso se presentará y en el mismo debate del proyecto de ley esta propuesta se puede mejorar o complementarse. Si en el consenso el Legislativo considera que no es conveniente por una u otra razón no se aprobará.
¿Cuándo se radicará en el Congreso la reforma a los servicios públicos?
Inicialmente, el presidente Petro dio la orden de que las entidades que tienden que ver con la Ley 142 presentaran unas propuestas de ajuste.
Ya estamos reduciendo las propuestas a lo más esencial, consideramos que hay cosas que están funcionando bien y hay que dejarlas así. También estamos mirando qué ajustes se pueden hacer vía decreto sin necesidad de acudir al legislativo.
Hay un borrador del proyecto de ley que será presentado a las empresas y a los usuarios, queremos que el proyecto que se presente haya sido más o menos consensuado, escuchando a todos los actores que tienen que ver con los servicios públicos.
Radicar el proyecto de ley el 20 de julio no era una camisa de fuerza, puede ser el 30 de julio o el 1.° de agosto, pero estamos convencidos de que hay que buscar un consenso.
¿Cuál es el mensaje para los gremios que están preocupados por la institucionalidad del sector y el cambio en las reglas de juego?
Les digo que la institucionalidad de los servicios públicos está consagrada en la Constitución. Lo que nosotros queremos es ajustarnos a la institucionalidad.
Hay mucha gente que hace reclamos porque no está obteniendo la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los servicios públicos, como lo reza la Constitución.
La institucionalidad de los servicios públicos no se va a romper, a los empresarios les decimos que no vamos a acabar con las empresas. Fue una calumnia cuando dijeron que el presidente Petro iba a privatizar y expropiar, eso no se ha visto.
Andesco dice que el programa 'Basura cero' representaría incrementos para los usuarios, ¿eso es cierto?
Los rellenos sanitarios deben desparecer, porque se debe hacer una transición entre los rellenos sanitarios y la economía circular. En muchas partes del mundo el manejo de residuos es rentable.
Como superintendente he evidenciado que casi todas las empresas de aseo tienen malas prácticas porque no están cobrando lo que realmente debería cobrarse, sino que están cobrando más.
Hay empresas que les cobran a los usuarios inversiones que no hacen y no mejoran el servicio. Esto lo vemos tanto en empresas públicas como en empresas privadas, estamos adelantando investigaciones.
