El Gobierno está estudiando la posibilidad de realizar ajustes temporales al modelo de reconocimiento de pérdidas en la región Caribe para así disminuir esta parte de la fórmula tarifaria. También contemplamos separar los cobros de alumbrado público y seguridad ciudadana, pues estos tienen un impacto alto en el valor de la factura.
Las altas tarifas de la energía en el Caribe son un problema social. La afirmación de que mes a mes cientos de miles de familias comen o pagan la luz no es lejana de la realidad. El recibo se puede llevar la cuarta parte de los ingresos de las familias pobres y afecta desproporcionadamente los de los hogares de renta media. La cuenta de la luz deteriora la calidad de vida de los ciudadanos en esta región.
El Gobierno no se puede quedar de brazos cruzados esperando a que bajen los precios. No es un asunto coyuntural como sugieren algunos, sino un problema de fondo que resulta de un modelo regulatorio centrado en el mercado y no en las personas. La fórmula para calcular el precio unitario de energía esconde ineficiencias que favorecen a los diferentes eslabones de la cadena de energía en detrimento del usuario.
Muchas de las metodologías tarifarias que remuneran las actividades de la cadena de prestación del servicio han superado los periodos tarifarios definidos en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994, desconociendo la evolución del mercado eléctrico y las realidades en los territorios.
La más evidente tiene que ver con la generación, pues la regulación actual permite opacidad de parte de las empresas en la fijación del precio en bolsa. Además, con el mecanismo de subasta, el precio marginador es el de la hidroeléctrica que ofrece la energía para completar la demanda. Las que ofrecieron su energía más barata terminan vendiendo al precio que puso la menos eficiente. El marco regulatorio vigente favorece al oligopolio de la generación porque la CREG tradicionalmente ha representado sus intereses.
A comienzos de este año logramos que esta comisión aprobara un techo a los precios de bolsa que ha mantenido las tarifas estables, a pesar que atravesamos el fenómeno del niño. Las particularidades del Caribe, sin embargo, no han permitido que los esfuerzos del gobierno se traduzcan en tarifas más bajas, en particular lo que respecta a las pérdidas.
La combinación de pobreza, calor e informalidad, son caldo de cultivo para las conexiones ilegales de energía. En el mercado de comercialización del Caribe estas conexiones ilegales han traído niveles de pérdidas de energía muy superiores a las del resto del país.
La fórmula tarifaria traslada parte estas pérdidas al usuario, pero esta situación se agudizó aún más con la resolución 015 de 2018, que introdujo un incentivo conocido como pérdidas adicionales. Su propósito era incentivar a los operadores de red a reducir sus pérdidas a niveles eficientes en un horizonte de 10 años. La medida contribuyó a romper el círculo vicioso de bajo recaudo y baja inversión.
Sin embargo, por las condiciones iniciales del mercado de comercialización del Caribe, sumado a la remuneración de los planes de gestión de perdidas, la aplicación de la resolución 015 de 2019 resultó en el crecimiento exponencial de las pérdidas adicionales reconocidas en la fórmula tarifaria: 300% para AFINIA y 450% para AIRE de julio a junio de 2021.
Aunque la medida ha tenido efectos positivos sobre la calidad del servicio, es innegable que su aplicación implicó un costo desmesurado al usuario. En razón a lo expuesto, el Gobierno Nacional en conjunto con las empresas prestadoras deben aumentar los esfuerzos en materia de gestión social en los territorios, con lo cual se mejoren los índices de normalización de redes y equipos de medida.
Disminuir el costo de las tarifas en la región es un reto regulatorio complejo. Las Comisiones de Regulación tienen que ser más oportunas en la toma de decisiones, estar en sintonía con la ciudadanía y trabajar en armonía con el gobierno nacional.
En parte, las dificultades para nombrar los expertos comisionados resultan de que deben acreditar experiencia en cargos directivos en empresas del sector, de ahí que prioricen los intereses de los agentes privados. Por eso esperamos avanzar hacia un modelo regulatorio que tenga al usuario como consideración fundamental.
En el corto plazo, sin embargo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de realizar ajustes temporales al modelo de reconocimiento de pérdidas en la región Caribe para así disminuir esta parte de la fórmula tarifaria.
También contemplamos separar los cobros de alumbrado público y seguridad ciudadana, pues estos tienen un impacto alto en el valor de la factura. Otra alternativa sería que el Estado asumiera parte de las inversiones en redes, lo que haría que estas no sean reconocidas vía tarifa, aliviando el cargo por distribución que asume el usuario.
Lo cierto es que cualquier decisión que se adopte para disminuir el valor de las tarifas no será arbitraria, ni perderá de vista los costos que implican llevar energía eléctrica a los hogares de la región caribe. Cómo lo hemos hecho hasta ahora, toda medida regulatoria estará antecedida de un debate riguroso. Debemos actuar con celeridad porque la situación en el Caribe está cerca de salirse de control.
Publicado por El Heraldo, 28 de marzo de 2024
