Al participar en la Cumbre Empresarial “Responsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción”, organizado por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, la Superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, aseguró que la experiencia internacional ha demostrado que el trabajo conjunto de autoridades judiciales y administrativas, permite dar resultados contra la corrupción.
Bogotá, D.C., 6 de abril de 2018. La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Rutty Paola Ortiz, propuso un trabajo conjunto entre todas las entidades judiciales, administrativas y de vigilancia y control para combatir la corrupción en el país. La propuesta la hizo al participar en la Cumbre Empresarial “Responsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la corrupción”, convocada por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades.
Según la Superintendente, el trabajo conjunto del Estado permite adelantar investigaciones efectivas en los casos de corrupción debido a que la experiencia internacional ha demostrado que cuando se trabaja con una estrategia común los resultados son más rápidos y concretos. “Los casos a nivel internacional han probado que una de las maneras más efectivas de detectar actos de corrupción, es tener una estrategia común que contemple la implementación de incentivos a los denunciantes, que van desde el montaje de líneas o canales de denuncias seguras, como beneficios pecuniarios, o rebaja de penas cuando el informante hace parte de la red que comete el delito”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la Superintendencia puso en marcha una línea de denuncias y consultas éticas para que los usuarios de las más de 5.000 empresas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), acueducto, alcantarillado y aseo, puedan presentar sus denuncias sobre casos de corrupción de las empresas vigiladas o de la propia Superservicios, a través de la página web www.superservicios.gov.co/transparencia anexando los soportes o cualquier documento relevante para el caso reportado.
La Superintendente dijo que de esta manera se avanza en combatir la corrupción debido a que la entidad a su cargo está limitada pues no tiene las mismas competencias de la Superintendencia de Sociedades o de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a las funciones de policía judicial. De acuerdo con la funcionaria, su competencia se limita al análisis de calidad del servicio, su continuidad y la adecuada aplicación de las fórmulas tarifarias. Pese a ello, advirtió, que la entidad de supervisión, control y vigilancia de los servicios públicos del país está avanzando en la implementación de técnicas de investigación forense y minería de datos para analizar grandes volúmenes de información y encontrar más eficientemente, las irregularidades cometidas por los prestadores vigilados.
“La Superintendencia está mejorando sus técnicas de control y vigilancia, al pasar de técnicas de auditoría a técnicas de investigación forense, y análisis de grandes volúmenes de información con herramientas de minería de datos y ‘Big Data’. Encontrar la aguja en el pajar es un gran reto”, destacó.
