- En la Asamblea Caribe de usuarios de energía y servicios públicos, el Gobierno del Cambio anunció el ajuste de la estructura tarifaria para defender los derechos de millones de usuarios y usuarias en esta región, y en todo el país.
- Más de mil ochocientos asistentes presentaron sus inconformidades, propuestas sobre los altos costos de las tarifas de energía y las fallas en la prestación del servicio.
Con el anunció de lograr en consenso un ajuste a la estructura tarifaria del servicio de energía, culminó la Asamblea Caribe de usuarios de energía y servicios públicos, convocada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía, el pasado 17 de septiembre, en Santa Marta.
Ante más de 1.800 participantes, entre representantes de ligas de usuarios, líderes comunitarios, sindicatos, juntas de acción comunal, estudiantes, jóvenes, vocales de control social y autoridades del Magdalena, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Ulver Triviño, presentaron el panorama del incremento tarifario que afecta a más de 40 millones de colombianos, especialmente a los cerca de 12 millones de habitantes de la región Caribe.
Los funcionarios del Gobierno del Cambio escucharon a la comunidad con el fin de construir propuestas, en consenso, para reducir ese impacto a las comunidades. Los voceros y líderes sociales expresaron sus inconformidades por los altos costos de las facturas, las fallas en su calidad, y las suspensiones del servicio; aspectos que han deteriorado la calidad de vida de los habitantes de esta zona del país.
En respuesta a estos reclamos, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, manifestó: “Hoy se crea un consenso en el Caribe y en Colombia, y es que necesitamos cambiar la estructura tarifaria. Estamos buscando las mejores decisiones para el país y la Costa junto al pueblo. Por eso estamos acá hoy, para escuchar y motivar el poder popular que logrará que la energía en el Caribe sea un derecho”.
Por su parte, el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Ulver Triviño, informó que, en los últimos dos años, las empresas de servicios públicos han recibido 18 millones de reclamaciones. El 65% son de la región Caribe, y de esas, más de 6 millones son por energía.
Ante ese panorama, el delegado señaló: “La solución la venimos a construir con ustedes, para solucionar de fondo tenemos que articular a los comunales, a los usuarios para que construyamos una alternativa en la prestación del servicio de energía. Que se conviertan en generadores de su propia energía. Vamos a recoger las inconformidades para modificar lo que toque modificar en las normas de los servicios públicos, para que mejore la calidad de vida de los colombianos”.
Los reclamos y propuestas de las comunidades asistentes serán tenidas en cuenta en la elaboración de la propuesta de reforma al régimen de los servicios públicos, establecido en las leyes 142 y 143 de 1994. Este es uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro, derivado del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, centrado en la justicia, equidad y democratización de los servicios públicos para que grupos sociales organizados participen en su producción y generación mediante comunidades energéticas y acueductos comunitarios, que tendrá el total respaldo del Estado.
Para ampliar la participación activa de los usuarios y usuarias de los servicios públicos, al finalizar la Asamblea Caribe se convocó a la Asamblea Nacional por las Tarifas Justas, el próximo 27 de septiembre en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.
