- En debate de control político de la Comisión Sexta del Senado, el equipo del Gobierno del Cambio enfatizó en la necesaria participación de las comunidades en la política y regulación del sector de los servicios públicos domiciliarios.
- Se requiere consenso social y político, junto con las empresas prestadoras.
En debate de control político de la Comisión Sexta del Senado sobre los altos costos en la tarifa de energía, el Gobierno, representado por el Ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho; el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, y el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada, informaron las acciones adelantadas desde cada entidad para hacer frente al incremento del servicio.
Frente a la estructura tarifaria, el superintendente reiteró que el mayor peso está en la generación de energía, que supera el 40 %, en promedio nacional. Y en el componente de pérdidas se evidencia un mayor efecto en el bolsillo de los usuarios de la costa Caribe, a quienes se le aplica un porcentaje superior al 18 % frente al promedio nacional de 9 %.
“Vemos que hay razones estructurales que inciden en el valor de las tarifas, una de política pública, y otra de rezago o falta de inversiones a cargo de las empresas de servicios públicos. Se dejó al generador la facultad de incluir el riesgo que perciba en el valor de generación de la energía; y las pérdidas son asumidas por los usuarios”, manifestó el superintendente.
Indicó además que “Nuestro reto no es sancionar, es ayudar al sector, que todos puedan participar en la definición de la nueva estructura tarifaria, incluidos los usuarios. Este gobierno no está interesado en acabar las empresas, sino en reducir las ganancias, que son demasiadas, y a costa de los usuarios”.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Óscar Andrés Camacho, manifestó que es necesaria la veeduría y control ciudadano en las definiciones de la regulación del sistema eléctrico. indicó: “Es hora de regular. Y ello requiere acompañamiento de usuarios y usuarias porque se requiere consenso. Buscamos consenso social y político”.
También reiteró que el país no está en riesgo de apagón, que desde el Gobierno se están atendiendo las dificultades financieras de algunas empresas. Igualmente señaló que las reformas a las leyes 142 y 143 van encaminadas a incluir los temas de transición energética.
La propuesta de reforma a estas leyes contempla, además, la democratización de los servicios públicos domiciliarios, dando la oportunidad a las comunidades para que puedan ser parte del mercado, mediante acueductos comunitarios y comunidades energéticas.
